Por Marisol Bowen
Artículo de opinión
Trasladado sin esposas en un avión privado y en un carro de
lujo, como una estrella de Hollywood; donde la policía más parecía resguardarlo
de sus fans que intentar que no se escape.
Así se entregó Carlos Pareja Yannuzzelly también conocido como “Capaya”,
en una gestión que la manejó el presidente de la República y el presidente de
la Asamblea, sin que en sus atribuciones se encuentren establecidas tales
funciones, que son de absoluto carácter legal.
Independientemente de cómo se vista la acción, no se puede
soslayar la Constitución ni con la mejor de las intenciones, peor con las
malas; y la Constitución en su Art. 168 establece que “… Los órganos de la
Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a
este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de
acuerdo con la ley”.
La independencia de los organismos competentes, no es otra cosa
que la independencia de funciones y sirve para evitar en la acción los conflictos
de intereses; así como asegura que el presidente de un país y el presidente de
una asamblea, no corran el riesgo de violar la Constitución en ninguna
instancia y arriesgar la estabilidad política de un país, con un posible “mal
acuerdo”, a cambio de la entrega voluntaria de un prófugo de la justicia. De
ahí que traer delincuentes prófugos con o sin acuerdos de por medio, no sea de
sus competencias.
Pues al parecer, el artículo Constitucional les resultó
irrelevante y lo saltaron como a rayuela; incurriendo en una de las causales
establecidas en el artículo 130 de la Constitución que determina “La Asamblea
Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos:
1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente…” Sin embargo,
no hemos visto por parte de la Asamblea pronunciamiento alguno. Siendo así, y
jurídicamente hablando, sin una Asamblea haciendo lo que le compete que es
también respetar y hacer respetar la Constitución, el Estado, que es el pueblo,
se encuentra en total indefensión. ¡Inconcebible pero cierto! En ese escenario,
mañana se podrá violar la Constitución sin pena ni gloria, porque ya sentaron
precedente ¡quienes debían cuidarla!
Con un delincuente prófugo como el mencionado Yanuzzelly; así
como con todos los que se autoexilian para después llamarse “perseguidos
políticos”, las leyes ecuatorianas deben seguir el debido proceso nacional e
internacional para su respectiva extradición. Esto asegura la independencia de
funciones, de la Fiscalía, por ejemplo; transparenta los tratados
internacionales o acuerdos con el prófugo para coordinar la entrega, así como
el correcto mecanismo (operativo) que se deba ejercer para extraditarlo.
También hay casos en los que el país que los cobija los entrega en un convenio
de cooperación de justicia, lo que no hizo Panamá con Bucaram - por citar un
caso -, quien fue sentenciado por actos de corrupción y a quien Panamá le
permitió retozar en la impunidad mientras prescribían sus juicios por peculado.
En ese contexto, Ecuador tiene sus parámetros legales y quienes
lo ejerzan, como la Fiscalía General del Estado para intervenir y determinar
dentro del marco jurídico correspondiente, los beneficios legalmente viables en
el caso de una entrega ya sea voluntaria o no – porque no en todos los casos
aplican beneficios así se entregue enamorado -, y no los beneficios que
pudieran darse al estar inmersos en una negociación sin involucrar al órgano
regular y fuera de la ley.
En el caso de Yannuzzelly, como lo ha dicho el Fiscal General
Carlos Vaca Mancheno, la Fiscalía que es el órgano competente, no tenía
conocimiento ni participación en la negociación, tampoco conocía los términos
de la entrega y el prófugo no suscribió con la Fiscalía ningún convenio de
cooperación eficaz, mejor dicho, el órgano regular ¡no sabía nada!
En consecuencia, Yannuzzelly no pactó con la Fiscalía para
involucrar con pruebas a terceros a cambio de una reducción de penas, según lo
establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin firmar tal convenio no
podría aplicar la reducción de penas, es decir, debió firmar con la Fiscalía
antes de empezar a lanzar lodo con ventilador si quería premio por eso; lo que
debió darse antes y no después de la entrega. Pretender hacerlo ahora sería
ilegal, algo así como querer ponerse primero la media y después el zapato, por
lo tanto, no aplica. Esto lo sabe hasta un estudiante de derecho y el hombre
tiene sus abogados, ¿entonces?, ¿será acaso que también los beneficios por
mentir estarán al margen de la ley?
Si bien es cierto, Yannuzzelly ha enfatizado que su entrega no
ha tenido condicionamientos de por medio y que obedece a que el presidente
Moreno “está dejando actuar a la justicia y a los organismos de control”, algo
que contradice la realidad, ¿Acaso olvidó que fue en el Gobierno de Correa
donde le emitieron la orden de captura? Eso sí es dejar actuar a la justicia y
a los organismos de control, no actuando a espaldas de ellos como ha ocurrido
con su “entrega voluntaria”, sin conocimiento ni de la justicia ni de los
organismos de control.
¿Le creemos a un delincuente confeso y sentenciado que escapó y
se cansó de mentir sin aportar una sola prueba?, ¿Qué se prestó para el
visceral juego político de la calumnia en redes?, ¿Qué ocasionó que, por sus viperinas
palabras sin pruebas, hoy sea señalado por el dedo acusador de una sociedad
inmadura un inocente como Jorge Glas, a quien no le han podido demostrar lo
contrario?, ¡No!
Recordemos que el mismo Yannuzzelly le planteó a Rafael Correa
como presidente, que se entregaba, pero poniendo varias condiciones, entre
ellas liberar de responsabilidades a su familia que, dicho sea de paso, está
involucrada hasta el cuello en sus actos de corrupción; lo que Rafael Correa no
aceptó.
En ese escenario, ¿Será posible creer que su entrega
“voluntaria” no obedece a acuerdo alguno? Recordemos también que su sentencia
de 5 años es por cohecho, en tanto que tiene cuatro procesos penales más como
enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos.
Podemos asumir que su entrega se enmarca en estos procesos de los que seguro
querrá salir bien librado ¡culpando a quien sea!
Es aquí donde Capaya más parece la ficha que faltaba para el
maquiavélico rompecabezas, que un pobre hombre arrepentido; ya que también dijo
en calidad de redentor crucificado “ha llegado el momento de ponerle el
cascabel al gato”, una clara amenaza que afianza la teoría que su entrega
obedece también a continuar destruyendo la honra ajena, la del vicepresidente
Jorge Glas, para ser más explícita. Cuyo propósito - de ser consumado -,
apuntaría finalmente a Rafael Correa; sin embargo, la única manera que
Yannuzzely pudiera afectar legalmente al Vicepresidente, es que aporte pruebas
en su contra como la ley lo determina, lo que hasta la fecha no ha hecho porque
no las tiene y no las tiene porque no existen, o que finalmente que esa misma
ley acoja como prueba la palabra de un delincuente confeso, sentenciado y
calumniador; lo que en manos del actual Fiscal General no creo que ocurra, ya
que ha sido enfático en mantener su apego a la justicia, salvo que mágicamente
lo cambien en el camino. Ahí podría ser otro el cantar.
Pareciera que, al respecto, el presidente lanzó uno de sus
peculiares dardos en Twitter, donde la sátira y las indirectas son sus armas de
defensa; y escribió "Mientras más cerca estés de la verdad, más nerviosos
se ponen los culpables", yo diría algo que se apega más a la realidad,
“Mientras más se inclina el poder a los culpables, más riesgo corren los
justos”
Esto recién empieza señores, las verdades que se esconden tras
la entrega “voluntaria” de un corrupto, se irán dilucidando con el pasar de los
días y veremos a la justicia ¡brillar o apagarse!
Han pretendido destruir a la Revolución y la han atacado por
todos los flancos, sin embargo; una Revolución puede ser un muro indestructible
o un débil castillo de naipes, depende del poder político que arme los naipes o
del poder popular ¡que sostenga el muro!
